10 años pasaron y nada aprendimos

PROLIFERACIÓN Y CORRUPCIÓN

La destrucción de un arma de fuego es la acción final de una secuencia útil para la obtención del objetivo de minimizar el daño emergente de su proliferación. Sin embargo, tal acción no resulta por si sola suficiente para que podamos afirmar que la tarea está cumplida. 

Lo cierto es que la oferta o suministro de armas siempre estará atento y disponible a los requerimientos de la demanda, que es en definitiva la que con sus “necesidades” regula los caudales que discurren por los canales del tráfico ilegal de armas y municiones.

Por cada arma destruida habrá otra lista para reemplazarla y así nunca dejarán de estar en las manos equivocadas, por lo que el verdadero esfuerzo deberá realizarse en una amplia variedad de campos y disciplinas, empleando una estrategia adecuada a cada escenario y mediante una política criminal y de seguridad idónea.

El riego mayor y emergente de la proliferación de armas de fuego ilegales se concreta en la conjunción de la intención criminal del sujeto, con el arma, y su indeseable resultado final de muertos y heridos, y la irreparable secuela de dolor y pérdida.

A una sociedad cuya cultura se ve debilitada por el empobrecimiento material y moral, por su desorganización e impredecibilidad, se le hace mucho más difícil encontrar las respuestas apropiadas para enfrentar los problemas de la violencia y la inseguridad. Sin embargo, ello no autoriza en modo alguno a declinar la responsabilidad de actuar, sino que por el contrario impone la ineludible obligación de redoblar los esfuerzos conducentes a conjurar la amenaza que supone.

En el corto plazo resulta inevitable atender -mediante medidas legales adecuadas- la correcta y suficiente penalización de las figuras vinculadas a la problemática, vale decir el empleo de armas de fuego en la comisión de delitos contra la propiedad y las personas, y su fuerte agravamiento cuando se haya efectuado su disparo y, mas gravemente aún, si se han ocasionado heridas o muerte.

Igualmente, la normativa procesal –cuya uniformidad a nivel nacional resulta deseable- deberá regular con estrictez los regímenes de excarcelación y libertad condicional, determinando que quienes den muestra de peligrosidad proveniente de su habitualidad en el delito, permanezcan recluidos mientras esta condición no varíe.

Asimismo, se deberán realizar los esfuerzos necesarios para lograr la rápida reversión de la doctrina garanto-abolicionista que de modo totalmente pernicioso campea hoy en los tribunales del país, con el desastroso resultado de innumerables muertes evitables, ocasionadas por criminales cuya libertad resulta por completo injustificable.

Al mismo tiempo, deberá trabajarse intensamente para el mediano y largo plazo, revirtiendo situaciones crónicas de atraso y empobrecimiento cultural, resultantes de un ejercicio político corrupto y desviado, basado en un clientelismo electoral que conspira contra el desarrollo.

El control de la demanda de armas y el crimen se obtiene atacando sus causas. La pobreza no genera violencia, pero sí cuando está acompañada por la conciencia de injusticia, desigualdad social extrema y falta de esperanza, mala distribución de la renta y  desempleo, percepción de violencia en la infancia, disgregación familiar, drogas y alcoholismo, población joven fuera del circuito educativo y laboral, presencia del narcotráfico y del crimen organizado, ideología que exacerba el cinismo, el consumismo y el narcisismo egoísta sin la contrapartida de los valores de la solidaridad y el humanismo, estímulos a la violencia por parte de los medios de comunicación social, en especial la televisión, proliferación descontrolada de armas entre los civiles, policía poco entrenada o involucrada con el crimen, corrupción política, judicial, policial y penitenciaria, etc. 

Por último, creo útil meditar sobre el sentido que cabe atribuir a la interpretación de los resultados emergentes de los tres cuadros que siguen, en cuanto al rol de la corrupción en su relación con el nivel de pacificidad de las sociedades que se destacan y la presencia en las mismas de armas de fuego.

Publicado en INFOBAE

EL CONTROL DE ARMAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

La iniciativa anunciada por el presidente Barack Obama para reducir la violencia armada, incluye propuestas legislativas y diversas acciones ejecutivas dirigidas a mejorar el intercambio de información.

Entre tales propuestas se destacan el requerimiento de verificación de antecedentes penales de todas las ventas de armas, incluidas las de los vendedores privados actualmente exentos; el restablecimiento de la prohibición de las armas de asalto, vigente desde 1994 hasta 2004; limitación de los cargadores de munición para 10 balas; prohibición de la posesión de balas perforantes; aumento de las sanciones penales por comprar un arma para otra persona; financiamiento para capacitar a funcionarios sobre cómo responder ataques armados; disponibilidad de los datos pertinentes para el sistema federal de verificación de antecedentes; mejora de los incentivos para que los estados compartan información con el sistema de verificación de antecedentes; etc.

Sin embargo dicho objetivo no será fácil de obtener, ya que a la fuerte influencia representada por la National Rifle Association, se adicionan una cultura armamentista firmemente implantada en la sociedad norteamericana y un sistema federal riguroso que dificulta la adopción de medidas uniformes en todo el territorio de los Estados Unidos.

Un sistema de control de armas de fuego será eficaz cuando, actuando como instrumento de una política de estado proyecta su fiscalización a todo el territorio nacional, registra la mayor cantidad de armas existentes, involucra todos los actos concernientes a dichos materiales, realiza el manejo centralizado de la información total y la recupera y proporciona con certeza y rápidamente y obtiene la mejor calidad de los controles.

En cuanto a este último punto, además de la verificación de los antecedentes personales en materia delictiva y de violencia, los controles físico, psíquico y de idoneidad en el manejo de armas de fuego constituyen un factor a tener muy en cuenta a la hora de habilitar a los usuarios para la tenencia y empleo de instrumentos de alto riesgo.

Respecto de este último punto, en el siguiente link se visualiza una propuesta que apunta al perfeccionamiento de los referidos controles :

DISPOSICION RENAR Nº 187/2002

La disposición 187/2002 -de que se trata- fue derogada por la dirección entrante del RENAR, antes de cobrar vigencia.

POLITICA RENGA

El Editorial I de la edición impresa de La Nación del Jueves 21 de junio de 2012 [1] expresa la sorpresa y preocupación que suscita la sospechosa facilidad con la que continúan los robos de ingentes cantidades de peligrosas armas en la Argentina, para señalar –luego de enumerar diversos casos- que el Registro Nacional de Armas (RENAR), cuya competencia en la materia fue sustancialmente ampliada por la ley 25.938, se muestra claramente ineficiente.

Por su parte, en el discurso pronunciado el 7 de mayo de 2012 [2] en la Apertura del Seminario Regional Sobre Desarme Civil, la Ministro de Seguridad Nilda Garré señaló en lo relativo a las armas incautadas, que las mismas permanecen durante mucho tiempo en depósitos transitorios, hasta el decomiso judicial, y que una gran cantidad de esos alojamientos se encuentran en dependencias policiales.

Esta última referencia a depósitos transitorios en dependencias policiales, revelan la grave falencia en las políticas gubernamentales en materia de control de las armas de fuego, que se hace extensiva al resguardo y debida custodia de los arsenales y depósitos de las armas pertenecientes a las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.

El buen control de las armas de fuego requiere por lo menos la atención de tres premisas básicas, a saber :

1. el registro de las armas legales y control de sus poseedores, función que el RENAR cumple satisfactoriamente; 
2. la recolección de las armas proliferantes, acción contemplada por la ley 26.216 de desarme voluntario; y 
3. el control de las armas ilegales, que comprende la recuperación de las armas en poder de los delincuentes y el bloqueo de las fuentes de abastecimiento del mercado ilegal. 

Precisamente dirigida a la atención de este último punto, la ley 25.938 se caracteriza por dos aspectos centrales: uno de competencia del RENAR, es la creación y funcionamiento del Registro de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados; el otro, como derivación del anterior pero aún mas importante, es el procedimiento a seguir con los expresados materiales.

Es en este último punto donde se produce la gran falencia por parte de la autoridad nacional competente.

Y esto por cuanto el artículo 4º de la ley, al contemplar el depósito transitorio de los materiales secuestrados o incautados, dispone que deberán ser depositados en los lugares y bajo las condiciones de seguridad que se fijarán por vía reglamentaria. Dicha vía es el decreto 531/2005 que dispone que los lugares destinados al depósito de los materiales deberán reunir los requisitos exigidos por el decreto Nº 302/83.

Pero esta norma -referida a explosivos-, no contiene medidas de seguridad para la protección de los materiales depositados frente a eventuales sustracciones, sino que por el contrario refiere al daño que pudiera ocasionar la deflagración de los materiales explosivos que regula.

En lo relativo a los depósitos y arsenales, públicos y privados, destinados al almacenamiento de armas de fuego, el artículo 8º de la ley 25.938 dispone que las autoridades de las cuales dependen el Registro Nacional de Armas y la Secretaría de Seguridad Interior, establecerán, por resolución conjunta, las normas y procedimientos destinados a regular su seguridad y gestión.

El Plan de Desarme, cuyo valor no se pone en duda, convertido en única política de estado en materia de control de armas de fuego, deviene a todas luces insuficiente, de lo que da cuenta la diaria estadística criminal.

El gobierno nacional –Ministerios de Justicia y de Seguridad- deberá cumplir urgentemente con el mandato normativo, que le impone arbitrar las medidas de seguridad necesarias y suficientes para bloquear todo deslizamiento de armas almacenadas, depositadas o en tránsito, al mercado delictivo.

Asimismo, deberá implementar políticas proactivas dirigidas a recuperar las armas en poder de la delincuencia organizada y no organizada, yendo a buscarlas allí donde están, en lugar de conformarse con incautarlas, luego de que los delitos han sido cometidos y cobrado sus víctimas.

[1] Nota diario La Nación

[2] Discurso Nilda Garré

LAS ARMAS DE FUEGO Y SU TRATAMIENTO LEGAL

No hay duda acerca de que cada uno de nosotros aspira a una sociedad exenta de la presencia de armas de fuego. Pero tan cierto como ello es que la propia naturaleza humana hace imposible el logro de tal objetivo, circunstancia esta que nos convoca a explorar el modo mas apropiado de conjurar los inevitables riesgos que ocasiona la presencia de armas de fuego en el seno de nuestras sociedades.

La existencia de armas de fuego y el tratamiento legal de su posesión y empleo por parte de particulares, admite básicamente tres posibles respuestas: 

1. La adopción de un régimen irrestricto, caracterizado por la inexistencia de toda penalización de la tenencia de armas de fuego, lo cual como resulta obvio torna innecesario el desarrollo de mecanismos de control. Sabido es que no todas las armas circulantes son poseídas con la finalidad de cometer delitos, lo cual si bien cabe ser presumido, no puede ser determinado con seguridad en un régimen de estas características. Vale decir entonces que además del natural riesgo derivado de la falta de todo control en la tenencia y circulación de armas de fuego, debe anotarse la enorme dificultad que ello significa para las labores policiales de represión del delito, frente a la inevitable presunción de legalidad de toda tenencia. Asimismo, la falta de todo registro y control constituye una facilidad adicional para el deslizamiento de armas de fuego de manos relativamente seguras a las de quienes luego las emplearán para delinquir. 
2. La otra situación posible es la opuesta a la anterior, vale decir la imposición de un régimen de prohibición que, aún cuando inevitablemente deberá admitir un mínimo otorgamiento de permisos, igual que el de prohibición, se caracteriza por la ausencia de mecanismos de control relativamente complejos. Si bien en este caso la presunción de legalidad de toda posesión de armas desaparece, la inevitable realidad de tenencias que, si bien constituyen delito en si mismas, no responden a la finalidad de empleo del arma para la comisión de delitos, también igual que en el caso anterior, dificulta el mejor desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad.
3. Por último, la tercera -y a nuestro juicio mas recomendable- opción es el régimen de permiso controlado, o mas sencillamente el régimen de control. En este sistema, el mayor grado de registración que se obtendrá de las armas circulantes, además de atender satisfactoriamente a las necesidades de la seguridad colectiva en cuanto permite afirmar que sobre la base de controles de buena calidad dichas armas se encuentran en poder de “depositarios confiables”, aporta -por un lado- certeza a las autoridades responsables de la represión del delito acerca de la naturaleza legal de las tenencias, y al mismo tiempo proporciona en tiempo real información indispensable para el rastreo eficaz de las armas involucradas en ilícitos.

EL RÉGIMEN DE CONTROL

Diversos son los factores que podemos señalar como determinantes de la magnitud del problema que enfrentamos, y las mayores o menores posibilidades de éxito de nuestras acciones dirigidas a atenuar los dañinos efectos ocasionados, tanto por el tráfico ilícito de armas de fuego, como por las falencias o deficiencias de los mecanismos de control de que nos servimos.

Así entonces, el resultado de nuestros esfuerzos dependerá de :

• Demanda de armas de fuego. La misma estará determinada por la naturaleza y grado del conflicto o conflictos que se enfrentan. En toda sociedad existe –en mayor o menor medida- el sub mundo del crimen, con el indeseable desarrollo de un mercado ilegal de armas crónico. Muchas veces dicho mercado se ve incrementado como resultado de la existencia de otro tipo de conflictos (étnicos, religiosos, políticos, etc.), cuyo escalamiento determina una demanda adicional y variable de armas de fuego.
• Legislación adecuada. La existencia de normas legales que sancionen la tenencia y tráfico ilegal de armas y sienten las bases para su control, dotado de la flexibilidad necesaria para la oportuna regulación y limitación del flujo de armas. La ausencia de normas, su insuficiencia o ineficacia conspiran contra la obtención de resultados acordes con las exigencias de la seguridad común.
• Capacidad de respuesta. La presencia de instituciones policiales y de seguridad responsables de combatir el delito, con adecuado grado de preparación y equipamiento, constituye un factor determinante para la contención del tráfico ilegal de armas de fuego. La capacitación específica de las fuerzas del orden en la materia que nos ocupa resulta altamente deseable.
• Órgano de fiscalización. El cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley debe ser controlado por un organismo competente, debidamente dimensionado tanto en recursos humanos como materiales, técnicamente capacitado para el cumplimiento de su cometido y con un grado satisfactorio de autonomía operativa que le permita interactuar fluida y ágilmente con los organismos públicos y privados que coadyuvan a su cometido.
• Políticas de control de armas. Todo lo anterior deberá encuadrarse en políticas coherentes, basadas en datos de la realidad de cada día, que asignen contenido apropiado al mandato legal y hagan posible la indispensable coordinación de esfuerzos entre los principales responsables de la seguridad colectiva, esto es los organismos de fiscalización y control y las fuerzas policiales y de seguridad.Como derivación de lo que antecede puede afirmarse que el control de las armas de fuego reposa sobre dos presupuestos básicos, que son :

Penalización de la tenencia ilegal y trafico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos
         que deberá contemplar :

• la tenencia y portación sin autorización legal;
• la tenencia por un legítimo usuario de armas no registradas;
• la entrega de armas a quien no sea legítimo usuario o a menores;
• la fabricación y acopio de armas de fuego sin autorización legal;
• la omisión, supresión o adulteración del marcado;
• la asignación a dos o mas armas de idéntico marcado.

Existencia de un régimen administrativo de tenencia legal 
          que deberá prever:

1. las causales que justifican la tenencia de armas de fuego por parte de civiles, enunciando las distintas categorías de usuarios legítimos de las mismas (coleccionistas, cazadores, tiradores, etc.);
2. una adecuada clasificación de las armas de fuego que podrán ser poseída por cada categoría de usuario admitida;
3. el control de la inexistencia de circunstancias personales inhabilitantes para el otorgamiento de los permisos (antecedentes penales, policiales o de violencia familiar, ineptitud psicofísica, falta de idoneidad en el manejo de armas, etc.); y
4. la variedad de procedimientos regulatorios de la totalidad de actos que comprendan armas de fuego, municiones y explosivos y su régimen de permisos.

Un sistema de control de armas de fuego será eficaz cuando :

• proyecte su fiscalización a todo el territorio del estado
• registre la mayor cantidad de armas existentes
• involucre todos los actos concernientes a armas de fuego
• realice el manejo centralizado de la información total
• recupere y proporcione la información con certeza y rápidamente
• obtenga la mejor calidad de los controles
• actúe como instrumento de una política de estado de control de armas

El mayor o menor número de armas registradas poseídas por legítimos usuarios -que como fuera dicho bien pueden ser reputados como “depositarios confiables”- no necesariamente debería incidir en el volumen del mercado ilegal de armas, en la medida que un eficiente sistema de control asegure el rápido y preciso rastreo de toda arma registrada, lo cual a no dudar opera como factor de disuasión para cualquier eventual volcado o deslizamiento de armas del mercado legal al ilegal. Reflejo de lo expresado es en la República Argentina, el insignificante número de armas registradas con pedido de secuestro (51.000 aproximadamente, esto es menos del 2 % del total de armas registradas), motivado generalmente por extravíos o robos, lo cual si bien pone de manifiesto cierto descuido por parte de algunos usuarios, revela que no es esa la vía empleada para alimentar al mercado ilegal.

La experiencia indica que el crecimiento del mercado negro de armas responde mas a las necesidades propias de la demanda que a las presiones de la oferta, y que el mismo se surte fundamentalmente del contrabando y de los stocks excedentes mal controlados (depósitos judiciales, arsenales policiales y militares, etc.).

EL CONTROL DE LAS ARMAS DE FUEGO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

El régimen de control de las armas de fuego rige en la República Argentina desde el año 1950 en que la ley 13.945 introdujo en el Código Penal el delito de tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal, y estableció los lineamientos del sistema de control.

Si bien dicha ley creó el Registro Nacional de Armas el mismo no tuvo mayor desempeño en razón de la falta de reglamentación de la ley -solo se reglamentó lo relativo a explosivos- por un lado, y por el otro a que la competencia estaba asignada al Ejército Argentino, institución que obviamente tenía otras prioridades que atender.

Recién a partir del dictado de la ley 20.429 en 1973 y su reglamentación, se comienza a operar activamente y con provecho en la materia, debiendo destacarse dos aspectos relevantes:

Las bondades del régimen legal de control aprobado por la ley 20.429, abonada tal afirmación por el hecho de que en sus casi 30 años de vigencia ininterrumpida, prácticamente no ha sufrido modificaciones, siendo recomendado por las Naciones Unidas como “de referencia” para aquellas naciones interesadas en legislar sobre la materia;

La valiosa experiencia acumulada por el Registro Nacional de Armas (RENAR) durante el expresado período en la aplicación del régimen.

El régimen de control de armas de fuego vigente en la República Argentina ha logrado un satisfactorio grado de desarrollo en cuanto : 

• proyecta su fiscalización a todo el territorio nacional 
• registra la mayor cantidad de armas existentes 
• involucra todos los actos concernientes a armas de fuego 
• realiza el manejo centralizado de la información total 
• recupera y proporciona la información rápidamente 

En el ámbito regional puede afirmarse que el régimen de control vigente en la República Argentina se destaca por su capacidad de registro, fiscalización, control y aptitud de rastreo, teniendo en cuenta el universo de usuarios y material registrados, y su proyección a todo el territorio nacional.

Sin embargo y como se expondrá más adelante no todas son luces, ya que restan aún por resolver importantes problemas que conspiran contra los mejores resultados que necesariamente debe aportar un sistema de control aceptable.

EL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

La misión del RENAR no es otra que la de contribuir con su accionar a la seguridad común, mediante el ejercicio de la función operativa de registrar, fiscalizar y controlar los actos inherentes a las armas de fuego, municiones y explosivos, y a sus usuarios.

Pero atención, caer en el equívoco de reducir la misión del RENAR a una tarea de mera registración, implicaría lisa y llanamente incurrir en el incumplimiento de su obligación primaria de asistir y aportar a la seguridad colectiva, ya que se estaría renunciando a la función sustantiva de control, en cuanto control significa –además de registrar y fiscalizar-, hacer uso inteligente y responsable del poder discrecional asignado por la ley al Estado, esto es imponer las limitaciones requeridas por la seguridad común para aventar los riesgos que la pongan en peligro, evitando de tal modo convertir al RENAR en una tienda que tan solo despacha permisos, guiado por una única finalidad de recaudación y mero y exclusivo servicio a los usuarios de armas.

El ejercicio apropiado del expresado poder discrecional pasa por la revisión –en el marco de una política explícita en materia de control de armas de fuego, hoy ausente- de los criterios en materia de tipo y cantidades de armas a autorizar según cada caso o cada acto a realizar, como así por la mejora de la calidad de los controles respecto de la aptitud psicofísica y la idoneidad en el empleo de las armas de fuego por parte de los legítimos usuarios, como también de un mayor rigor y precisión en la evaluación de los antecedentes policiales y penales de los mismos, y la frecuencia de tales comprobaciones.

La labor del RENAR merece ser destacada, aunque quedan todavía muchos aspectos por mejorar. Resulta indispensable que el gobierno, debidamente asesorado por todas las áreas responsables de la seguridad, fije una política actualizada en materia de control de armas, estableciendo los límites precisos y convenientes para la actividad y arbitrando los procedimientos adecuados que aseguren la calidad de los controles.

Hay actividades muy sensibles tales como la portación, la tenencia de armas prohibidas, la importación, etc. que requieren urgente revisión y definición, ya que trascendentes decisiones al respecto no pueden quedar libradas a la mera voluntad de funcionarios de nivel secundario.

En cuanto a los riesgos emergentes de la ausencia de una política explícita y actualizada de control de armas de fuego, los mismos pasan por la eventual presencia de armas y municiones de calidades y en volúmenes inapropiados, como así de personas armadas sin las condiciones de aptitud, idoneidad e integridad acordes con las exigencias de la seguridad colectiva.

Por otra parte, y este dato no es irrelevante, las necesidades de recaudación o de cumplimiento de trámites en términos exiguos no deben en ningún caso conducir al relajamiento de los controles, ni a una permisividad inconveniente en la formulación y aplicación de los criterios que hacen al ejercicio del poder discrecional.

El RENAR deberá entonces servir primaria y fundamentalmente a la sociedad, incluidos obviamente los legítimos usuarios de armas de fuego, a los cuales asegurará la práctica de su actividad en el marco de la legalidad y con el único y preciso objetivo de la preservación de la seguridad común.

EL AUTOFINANCIAMIENTO Y EL CONTROL

La autonomía financiera de que goza el Registro Nacional de Armas constituye, a no dudar, un factor relevante que asegura la adecuada disposición de recursos humanos y materiales, indispensables para un eficaz desempeño.

El régimen de administración de los fondos así recaudados es semejante al aplicado en otros organismos nacionales tales como los Registros de la Propiedad Automotor, de la Propiedad Inmueble, de Reincidencia y Estadística Criminal, Boletín Oficial, etc. de conformidad con lo preceptuado por la ley 23.979. La gestión de dicha administración es confiada a una entidad privada con la cual se suscribe un contrato que contempla las obligaciones a cargo de la misma y la retribución que percibirá por su labor. En el caso del RENAR actúa como ente cooperador la “Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca” (AICACYP), que aglutina al sector comercial de la actividad.

En su origen el organismo fue dotado de una doble fuente de financiamiento, ya que conforme la ley de su creación (art. 45 ley 20.429), a las partidas presupuestarias que se le asignaran, se debían adicionar los ingresos que se percibieran en concepto de aranceles y tasas a fijar por los servicios administrativos que se prestaban, recursos estos cuyo destino fue las cuentas especiales que se abrieron.

Sabido es también que las referidas cuentas especiales fueron posteriormente suprimidas para toda la administración pública, lo cual constituyó fuente de dificultades para el Registro Nacional de Armas en la prestación de los servicios a su cargo. Sin embargo, dicha situación revirtió a partir de la inclusión del organismo en el régimen de los entes cooperadores regulados por la citada ley 23.979, permitiéndole modernizarse y nutrirse apropiadamente tanto de recursos materiales como humanos, a lo cual se sumó la facilidad de operar mucho más ágilmente que el resto de los organismos oficiales, con la ventaja adicional de no ocasionar erogación alguna al Estado, ya que el costo de la actividad de control es soportada por los propios interesados (legítimos usuarios, comerciantes, fabricantes, importadores, etc.).

Las expresadas ventajas que ofrece el régimen de autofinanciamiento presenta, no obstante, algunos riesgos que resultaría altamente pernicioso ignorar, ya que de así ser se podrían comprometer trascendentes responsabilidades inherentes a la labor de fiscalización y control que la ley impone al Registro Nacional de Armas.

La tenencia legítima de armas de fuego no constituye en la República Argentina un derecho adquirido por los ciudadanos, sino tan solo una expectativa cuya evolución hacia la formalidad de una autorización o permiso concreto y específico, reposa en la indispensable aprobación que le compete al Estado, luego de la comprobación de que quien lo pretende, ha dado satisfactorio cumplimiento a una serie de exigencias precisamente establecidas por la normativa vigente. Vale decir entonces que el derecho a dicha tenencia es eventual y precario, y nace recién después que se ha dado cabal cumplimiento a tales obligaciones, lo cual abre el camino para la pertinente habilitación.

Por su parte, el Registro Nacional de Armas es el organismo al cual la ley le ha impuesto el deber de controlar y expedirse acerca del adecuado y debido cumplimiento por parte de los interesados en poseer y hacer uso de armas de fuego, de los recaudos que hacen viable los correspondientes permisos.

Dicha tarea de control es singularmente delicada y está muy lejos de comportar un simple procedimiento de cotejo del cumplimiento de un cúmulo de meras formalidades, sino que requiere un alto grado de profesionalidad en cada uno de los funcionarios que intervienen, exigiendo una actitud de análisis, indagación y apropiado celo a fin de cumplir satisfactoriamente con el objetivo último de obtener convicción suficiente, acerca de que el permiso que se otorgará no pondrá en riesgo la seguridad común.

Del conjunto de trámites y requisitos que la ley establece para el otorgamiento del permiso de tenencia de armas de fuego, algunos resultan especialmente sensibles y requieren el máximo grado de ponderación y cuidado (existencia de antecedentes policiales o penales, condición psicofísica, idoneidad en el manejo de armas, fundadas razones para la portación y/o tenencia de armas de uso militar, etc.), ya que una inadecuada aplicación del criterio o margen de discrecionalidad que necesariamente deberá arbitrarse, puede provocar resultados disvaliosos y ciertamente ilegítimos, sea en perjuicio del interés colectivo por excesos de permisividad, o del interés individual por negativas arbitrarias.

A fin de lograr que los expresados riesgos se minimicen resultará entonces indispensable promover en el organismo actitudes de máxima responsabilidad en la tarea de control, de modo tal que la misma no resulte afectada por necesidades de recaudación, ya que si esta última preocupación domina la escena y signa los criterios de decisión, seguramente se estarán declinando obligaciones esenciales que constituyen la razón de ser del Registro Nacional de Armas.

Así como la adopción de criterios elevadamente restrictivos en el ejercicio del poder discrecional que todo mecanismo de control atribuye a la autoridad responsable de la decisión, conlleva un mayor número de denegatorias, con su correlativa caída de recaudación, la implantación de una cultura recaudadora en los funcionarios que con su intervención y juicio determinan en definitiva las calidades del control, produce el resultado inverso, esto es un peligroso relajamiento en el ejercicio del aludido poder discrecional y la consiguiente mayor permisividad, que lesiona gravemente el interés social, al comprometer la seguridad colectiva.

Será de tal modo de trascendente importancia que las autoridades que tengan a su cargo la gestión burocrática de la tarea de control, sepan guardar la indispensable equidistancia de los sectores involucrados en la materia -la sociedad toda por un lado y los usuarios de armas de fuego por el otro-, ya que una excesiva influencia de estos últimos sobre los funcionarios responsables podrá dar lugar a falencias en el cumplimiento de las obligaciones de control que la ley les impone, con los graves riesgos que ello supone.

Sin perjuicio de lo expresado, sería importante que se estudiara la conveniencia de retornar al primitivo sistema de doble fuente de financiamiento para la tarea del RENAR, vale decir restablecer las partidas del presupuesto nacional, lo cual permitiría recuperar la posibilidad de moderar el otorgamiento de ciertos permisos de alta sensibilidad para la seguridad colectiva -tal el caso de las portaciones a usuarios colectivos-, que constituyen una de las mas importantes fuentes de financiamiento.

CONCLUSIÓN

El interesante grado de desarrollo y profundización obtenido por la normativa argentina, unido a la experiencia acumulada por el Registro Nacional de Armas a lo largo de sus 30 años de funcionamiento, constituyen -mas allá de las deficiencias señaladas- un valioso capital que puede y debe ser puesto a disposición de los países que hayan optado -o lo hagan en el futuro- por un sistema de control de armas de fuego, con la seguridad que el desafío que supondrá un requerimiento concreto de cooperación, promoverá la rápida superación de los problemas a que se ha hecho mención.

AUSENCIA DE POLÍTICA DE CONTROL DE ARMAS

Es dato cierto e irrefutable que la República Argentina carece de una política de gobierno explícita y actualizada en materia de control de armas de fuego. La única referencia asimilable a una política de tal naturaleza proviene de la propia legislación vigente, que rige desde 1973, complementada por normativa de rango inferior que procura interpretar la de nivel superior, no siempre con acierto.

Lo real y concreto es que en ningún nivel administrativo del Estado Nacional se estudia y produce la formulación de políticas específicas acordes con la realidad del momento y coordinada con las acciones relativas a la seguridad colectiva. Quizá tan solo pueda hacerse mención al interés manifestado en una diversidad de proyectos parlamentarios sobre la materia, usualmente caracterizados por visiones sesgadas de los problemas que se procura atender.

El conocimiento y preocupación acerca de la importancia que cabe asignar a los documentos e instrumentos internacionales aplicables a la materia, tales como la convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego (CIFTA), el reglamento modelo de CICAD, el programa de Naciones Unidas, el Protocolo sobre tráfico ilícito de armas (convención de Viena contra el crimen organizado), etc, no parece haberse instalado a nivel institucional, siendo estos importantísimos instrumentos generalmente desconocidos tanto en los niveles de ejecución como en los de decisión.

Razones de motivación personal, más que funcional, determinan que contados funcionarios consideren en su desempeño la aplicación de los aludidos instrumentos. Como atenuante habrá de tenerse en cuenta que la legislación argentina contempla procedimientos en general concordantes con los propuestos por la referida normativa internacional, desde mucho antes que esta última fuera elaborada y aprobada, aunque resulta innegable la necesidad de adecuar la normativa y procedimientos a los citados instrumentos, en particular la CIFTA, que ha sido ya ratificada por Argentina.

LAS ESCOPETAS Y LOS SAQUEOS

Sobre la base del memorándum que se transcribe mas abajo, se restringió temporalmente el acceso por parte de comerciantes a escopetas de repetición y alto calibre, con las que pretendían repeler los saqueos a sus locales.

Esto aconteció en la tumultuosa época que siguió a la caída de De la Rúa.

Buenos Aires, 1º de Febrero de 2002.

Sr. Director Nacional :

El presente informe y propuesta se halla motivado en la creciente inseguridad pública derivada de las circunstancias que son del dominio público. Los medios de comunicación han informado ampliamente sobre saqueos a comercios, principalmente supermercados, habiendo participado en los mismos gente carente de recursos para su subsistencia -entre ellos mujeres, niños, ancianos-, pudiendo afirmarse que, salvo excepciones, no se ha tratado de delincuentes habituales.

Asimismo, es conocido que ha habido muertos en ocasión de ser repelidos dichos ataques a la propiedad por parte de comerciantes damnificados, que han empleado para ello armas de fuego.

A partir de los referidos episodios se advierte en este organismo un incremento de las solicitudes de autorización para la adquisición y tenencia de armas de fuego, apreciándose que :

1. En proporción significativa los solicitantes son comerciantes cuyas actividades resultan susceptibles de verse afectadas por los aludidos episodios de saqueo;
2. Las armas cuya tenencia solicitan son escopetas de repetición y semiautomáticas de alto calibre, las cuales se caracterizan por su empleo básicamente militar y policial, en razón de su capacidad de fuego y elevado poder destructivo (1);

Lo señalado determina que resulte imposible ignorar que, mas allá de todo compromiso formal de carácter restrictivo que pudiera imponerse al usuario en cuanto a su empleo, el mismo, en caso de sentirse amenazado por una turba, hará con seguridad uso de las armas de que disponga, con el elevado costo en vidas humanas -incluida probablemente la del atacado– que ello podrá ocasionar.

El Registro Nacional de Armas como autoridad de control no puede dejar de efectuar la apreciación que antecede y, en cumplimiento de su misión esencial, cual es la de contribuir a la seguridad común, contando con atribuciones suficientes e inequívocas responsabilidades para ello, deberá fijar los límites necesarios para procurar un adecuado equilibrio entre el expresado valor y el de la seguridad individual, obviamente alterado en virtud de la inusual y extraordinaria situación de conmoción social a que se ha hecho referencia.

Frente a tan excepcional circunstancia se impone entonces revisar los criterios y procedimientos propios de periodos de normalidad y, de ser necesario –como en este caso-, adoptar las medidas particulares de control y limitación que contribuyan a impedir que, en aras de una exacerbada preocupación por la seguridad individual se faciliten actos que, con un alto grado de probabilidad, podrán provocar gravísimos e innecesarios episodios de muerte y destrucción, debiendo agregarse a tan lamentable e inadmisible resultado, la fuerte y segura repercusión que provocará en la opinión pública, todo lo cual alcanzará y podrá afectar severamente a este Registro Nacional.

Con fundamento en lo expresado, esta Dirección de Operaciones considera indispensable, dada la situación referida y las características de las aludidas armas, que los usuarios que soliciten autorización para su adquisición y tenencia, cumplan con las siguientes exigencias mínimas :

1. Legítimos Usuarios de Armas de Uso Civil (nuevos) : Se les solicitará Legajo Completo, es decir, además de fotocopia certificada de documento de identidad y antecedentes policiales, deberán adjuntar certificado médico de aptitud psicofísica, idoneidad de tiro realizada en polígono con línea habilitada para armas largas y medio de vida lícito;
2. Legítimos Usuarios de Armas de Uso Civil (con credencial vigente) : Deberán completar su legajo con los requisitos faltantes mencionados en el punto 1);
3. Legítimos Usuarios de Armas de Civil Uso CIVIL Condicional (nuevos) : Idoneidad de tiro realizada en polígono con línea habilitada para armas largas, además de todos los requisitos para obtener la condición de legítimo usuario en tal categoría.

Asimismo, y en virtud de lo normado por el inciso 5º del artículo 53 (2) del decreto reglamentario 395/75, se estima corresponderá indagar la actividad desarrollada por el peticionante y el motivo invocado para justificar el permiso de tenencia que persigue para, en caso de existir elementos de juicio suficientes que permitan inferir la posibilidad de que el arma pudiera llegar a ser empleada para repeler cualquier situación de tumulto de las mencionadas, rechazar la solicitud, sin perjuicio en su caso, de autorizar la tenencia de otro tipo de material mas apropiado que, sin comprometer la seguridad común, atienda la necesidad de seguridad individual contenida en el requerimiento.

HECTOR MENDEZ DE LEO

Director de Operaciones 

___________________________________________

(1) “...la escopeta de repetición manual fue empleada en los frentes de la primera guerra mundial conocida como ´Trench Gun¨ (arma de trinchera), quien demostró su alta eficacia a cortas distancias. Posteriormente, tuvo participación en otros escenarios bélicos de predominancia selvática como Filipinas, Malasia, Corea y Vietnam entre otros con éxito.”

(2) Art. 53 : Serán legítimos usuarios: 5) Otras personas : Del material clasificado como de "uso civil condicional", con excepción de las armas automáticas, y de "usos especiales", toda otra persona que acredite fehacientemente razones de seguridad y defensa que, a juicio del Registro Nacional de Armas, justifiquen la autorización de tenencia. Excepcionalmente y cuando existieren fundadas razones que lo justifiquen, el Ministerio de Defensa podrá autorizar la tenencia de armas portátiles automáticas no incluidas en la categoría de uso exclusivo para las instituciones armadas.

ENCUESTA A DESARMADOS

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La Nación del martes 5 de junio de 2007, página 15;

nota de Fernando Rodríguez
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/914654

El relevamiento efectuado por IPSOS-MORA Y ARAUJO recoge tres conceptos presuntamente instalados en el 75 % de los “desarmados”, que merecen el siguiente comentario :

1. “LA SOCIEDAD SERÍA MENOS VIOLENTA SI HUBIERA MENOS ARMAS DE FUEGO EN CIRCULACIÓN”

Esta idea esta mal expresada o de lo contrario, es equivocada.

Por qué?

Las armas de fuego no provocan la violencia, sino que en todo caso hacen más eficaz y destructiva la acción de quienes actúan con violencia. Es decir que la violencia se alberga en la persona, que la canaliza a través del instrumento del cual dispone. Es cierto que la violencia sería menos destructiva si hubieran menos armas en manos de los violentos. No será entonces haciendo desaparecer todas las armas que terminaremos con la violencia, sino que aún cuando lo hagamos, la misma seguirá estando presente en los violentos, que se expresarán mediante el empleo de otros instrumentos, seguramente menos letales, pero igualmente destructivos.

La solución será trabajar en mas de un frente :
• por un lado atendiendo a las causas que llevan a los seres humanos a actuar violentamente;
• por el otro evitando que quienes evidencien un temperamento violento puedan acceder a las armas de fuego.

Creer que eliminando las armas de fuego eliminaremos la violencia es una ingenuidad que, quienes propugnan el desarme advertirán muy tarde, luego de haber desmantelado un sistema de control de armas y dejado a la sociedad inerme frente a un stock de armas clandestinas que entonces si, amenazarán mucho mas gravemente la seguridad de las personas.

2. “TENER ARMAS EN LA CASA ES UNA FUENTE DE RIESGO PARA TODA LA FAMILIA”

Es correcto que las armas de fuego, en ciertas condiciones, son una fuente de riesgo para todo aquél que desconoce sus efectos, modo de empleo y medidas de seguridad que deben observarse a su respecto. Pero esta afirmación es válida para muchas otras cosas con las cuales uno convive diariamente y que también muchas veces lamentablemente cobran víctimas.

Nadie propugnaría sin embargo que eliminemos la electricidad, el gas, los ascensores, los automóviles, etc., sino que el esfuerzo apunta a instruir adecuadamente a las personas en los riesgos derivados, en las medidas de seguridad que deben observar y, como precio por la utilidad derivada, asumir las consecuencias de eventuales accidentes. Vale decir que se nos impone el deber de actuar como personas responsables para saber y evitarlos.

Es cierto que para muchos puede resultar difícil entender cual es la utilidad comparable que pueda encontrársele a las armas de fuego. Sin embargo deberá aceptarse que las armas están y estarán incorporadas al stock de herramientas de las que se vale el ser humano –nos guste o no-, y esta realidad no puede ser negada propiciando su eliminación. La permanente degradación de la seguridad pública estimula -y seguirá haciéndolo- la tendencia a la autodefensa, lo cual pone de manifiesto una corriente opuesta al desarme, que obliga a la búsqueda de alternativas realistas que ayuden a resolver el problema y no a complicarlo aún mas.

Y esto nos conduce a la necesidad de llamar la atención de todos, quienes tienen armas y quienes no las tienen, de que deben ser responsables frente a las mismas, sabiendo el daño que producen y como evitarlo, observando –del mismo modo que lo hacen con la electricidad, el gas, los automóviles, etc.- las mas estrictas medidas de seguridad, alejando de tal modo el riesgo de su mal manejo, empleo o accidentes.

3. “QUE QUIENES TIENEN NIÑOS EN SUS HOGARES SE DESHAGAN DE LAS ARMAS DE FUEGO”

No hay duda que se trata de un objetivo deseable, que no existan armas donde hay niños. Pero cabe preguntarse si esto es siempre posible. Que pasa si los niños van a un lugar donde hay armas? Surge entonces el interrogante de qué conviene hacer con los niños y su relación con las armas de fuego?

Acaso no sería bueno que cuando se manifieste su interés por las armas, alguien conocedor y responsable los instruya acerca de su poder destructivo y el gravísimo riesgo que comporta su manoseo, enseñándoles que bajo ninguna circunstancia deben tocarlas, pero procurando descomprimir la natural e inevitable curiosidad que las mismas despiertan en ellos.

Y esto por cuanto resulta imposible afirmar que los niños nunca tendrán a su alcance un arma de fuego, estando fuera del control de un mayor. Si no es en casa, podrá ser en cualquier otro lugar y entonces, nada mas peligroso que su ignorancia sobre las armas. Una oportuna y apropiada enseñanza ayudará a reducir los riesgos inherentes.

APUNTES SOBRE EL CONTROL

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EL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS Y LA IMPLANTACIÓN DE LA CULTURA DE “ORGANISMO DE CONTROL” (que implica imposición de limites) POR SOBRE LA DE “ENTE RECAUDADOR” (despacho de permisos – mera registración)

La autonomía financiera de que goza el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS constituye, a no dudar, un factor relevante que asegura la adecuada disposición de recursos humanos y materiales, indispensables para un eficaz desempeño.

En su origen el organismo fue dotado de tal cualidad, ya que conforme la ley de su creación (art. 45 ley 20.429), a las partidas presupuestarias que se le asignaran, se debían adicionar los ingresos que se percibieran en concepto de aranceles y tasas a fijar por los servicios administrativos que se prestaban, recursos estos cuyo destino fue las cuentas especiales que se abrieron.

Sabido es también que las referidas cuentas especiales fueron posteriormente suprimidas para toda la administración pública, lo cual determinó para el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS grandes dificultades para la prestación de los servicios a su cargo. Sin embargo, dicha situación revirtió notablemente a partir de la inclusión del organismo en el régimen de los entes cooperadores regulados por la ley 23.979, permitiéndole modernizarse y nutrirse apropiadamente tanto de recursos materiales como humanos, a lo cual se sumó la facilidad de operar mucho más ágilmente que el resto de los organismos oficiales.

Las indiscutidas ventajas que ofrece el régimen de autofinanciamiento presenta, no obstante, algunos riesgos que resultaría altamente pernicioso ignorar, ya que de así ser se podrían comprometer trascendentes responsabilidades inherentes a la labor de fiscalización y control que la ley impone al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.

La tenencia legítima de armas de fuego no constituye un derecho adquirido por los ciudadanos, sino tan solo una expectativa cuya evolución hacia la formalidad de una autorización o permiso concreto y específico, reposa en la indispensable aprobación que le compete al ESTADO, luego de la comprobación de que quien lo pretende, ha dado satisfactorio cumplimiento a una serie de exigencias precisamente establecidas por la normativa vigente. Vale decir entonces que el derecho a dicha tenencia es eventual y precario, y nace recién después que se ha dado cabal cumplimiento a tales obligaciones, lo cual abre el camino para la pertinente habilitación.

Por su parte, el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS es el organismo al cual la ley le ha impuesto el deber de controlar y expedirse acerca del adecuado y debido cumplimiento por parte de los interesados en poseer y hacer uso de armas de fuego, de los recaudos que hacen viable los correspondientes permisos.

Dicha tarea de control es singularmente delicada y está muy lejos de comportar un simple procedimiento de cotejo del cumplimiento de un cúmulo de meras formalidades, sino que requiere un alto grado de profesionalidad en cada uno de los funcionarios que intervienen, exigiendo una actitud de análisis, indagación y apropiado celo a fin de cumplir satisfactoriamente con el objetivo último de obtener convicción suficiente, acerca de que el permiso que se otorgará no pondrá en riesgo la seguridad común.

Del conjunto de trámites y requisitos que la ley determina para el otorgamiento del permiso de tenencia de armas de fuego, algunos resultan especialmente sensibles y requieren el máximo grado de ponderación y cuidado (existencia de antecedentes policiales o penales, condición física y aptitud psíquica, idoneidad en el manejo de armas, conocimiento de las medidas de seguridad para la guarda, manipulación y empleo de las mismas, como así de las implicancias legales y responsabilidades civiles y penales derivadas de su mal empleo, fundadas razones para la portación y/o tenencia de armas de uso militar, etc.), ya que una inadecuada aplicación del criterio o margen de discrecionalidad que necesariamente deberá arbitrarse, puede provocar resultados disvaliosos y ciertamente ilegítimos, sea en perjuicio del interés colectivo por EXCESOS DE PERMISIVIDAD, o del interés individual por NEGATIVAS ARBITRARIAS.

A fin de lograr que los expresados riesgos se minimicen resultará entonces indispensable promover en el organismo actitudes de máxima responsabilidad en la tarea de control, de modo tal que la misma no resulte afectada por las necesidades de recaudación, ya que si esta última preocupación domina la escena y signa los criterios de decisión, seguramente se estarán declinando obligaciones esenciales que constituyen la razón de ser del REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.

DISPOSICIÓN RENAR 187/02

La derogada norma apuntaba a lograr una mayor certeza en lo que hace a las cualidades de aquellos ciudadanos a quienes se le dispensa la excepcional atribución de disponer de armas de fuego, garantizando a la sociedad que el Estado ha extremado su cuidado en controlar que tales permisos no constituirán fuente de riesgos colaterales inaceptables.

El diseño de la Disposición 187/02 y los formularios aprobados por la misma han tenido en la mira asegurar el compromiso explícito del profesional médico o instructor de tiro interviniente con su dictamen, lo cual permitiría el ulterior control por parte del RENAR de la veracidad y acierto de las comprobaciones certificadas por los mismos, contribuyendo ello a eliminar una difundida corruptela comprobada en dichos trámites y que, con los recaudos vigentes, se hace muy difícil de erradicar.

Los valores asignados a los nuevos formularios tenían por finalidad financiar los costos de un sistema de inspecciones y controles ulteriores que el RENAR no está actualmente en condiciones de realizar, precisamente por no contar con una norma del tenor de la derogada Disposición 187/02.

En cuanto a la incidencia de dichos valores, exclusivo argumento de la disposición 26/03, los mismos no hubieran producido impacto alguno ya que en el caso de los legítimos tenedores de armas de uso civil hubiera implicado un incremento de $ 10.= cada 5 años; de $ 20.= también cada 5 años para los legítimos usuarios de armas de guerra; y de $ 50.= (idoneidad) cada 1 o 5 años y $ 50.= (psicofísico) anuales, para quienes obtuvieran el permiso de portación, tanto de armas de uso civil como de guerra de uso civil condicional.

Como dato de interés deberá tenerse en cuenta que el grueso de los permisos de portación de armas de fuego se otorgan a usuarios colectivos (empresas), con fines de protección de bienes y valores, lo cual hace evidente la poca incidencia del costo de los nuevos formularios ante quienes, por el mero hecho de presentar su solicitud, están evidenciando capacidad económica suficiente para afrontar los valores propuestos

ESTUDIOS TÉCNICOS

El RENAR posee un expediente que data ya de algunos años y contiene abundante documentación producida a lo largo del tiempo, con el propósito de resolver el problema crónico que representó el adecuado control de la aptitud psicofísica y la idoneidad para la tenencia y portación de armas de fuego.

En dichas actuaciones lucen diversas opiniones de instituciones públicas y privadas, pero lo cierto es que hasta el dictado de la Disposición 187/02, no se había logrado producir un hecho concreto que avanzara sobre la solución del problema.

Como ya fuera dicho, el problema consiste en la absoluta inconsistencia de una mayoritaria parte tanto de las idoneidades como de los psicofísicos que presentan los usuarios, que frecuentemente son otorgados de favor, por amistad o como parte del negocio del trámite de gestión. Algunas veces por azar el RENAR descubre certificados firmados en blanco o con firmas de médicos fallecidos o con firmas falsificadas.

Pero lo cierto es que no resulta posible desarrollar líneas de inspección que permitan poner fin a tales corruptelas. La 187/03 aspiraba a constituirse en un primer paso orientado en tal dirección, esto es detectar fácilmente los casos de falsedad, de modo tal de enviar un mensaje claro de que el RENAR estaba sobre la pista, lo cual permitiría sancionar administrativa o penalmente a los infractores y así reducir este problema.

Pero volviendo al punto de los estudios técnicos, puedo decir que al citado expediente se agregaron diversas consultas informales efectuadas con médicos forenses (Drs. Osvaldo H. Curci, Juan Carlos Badaraco), la Escuela Superior Técnica del Ejército, psiquiatras y psicólogos, instructores de tiro, instituciones etc. concluyéndose que como paso intermedio hacia un sistema en el cual deberían intervenir instituciones estatales en los expresados controles, el procedimiento más apropiado resultaba el de la 187/02, ya que al mismo tiempo que mejoraba sustancialmente la calidad de los controles, permitiría obtener valiosa experiencia al tiempo que se debían ir creando las condiciones para la ulterior etapa.

Como dato de interés deberá tenerse en cuenta que desde agosto de 2002 y hasta el dictado de la 187/02, a modo experimental se requirió a los usuarios colectivos que solicitaban permiso de portación, que completaran los nuevos formularios, además de exigírseles que respondieran un cuestionario manuscrito, con la finalidad de obligarlos a leer y conocer un instructivo sobre medidas de seguridad, riesgos de un enfrentamiento armado, derivaciones legales del empleo de armas de fuego, etc..

La experiencia resultó altamente satisfactoria obteniendo como respuesta elogios por parte de usuarios y profesionales, quienes percibían que las nuevas exigencias también estaban orientadas a su propia protección, al brindarles una más completa preparación -y muchas veces disuadirlos- para el acto más delicado y riesgoso cuyo control compete al RENAR : el permiso de portación.

DESCARGAR DISPOSICIÓN

CARTA A LA NACION

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Lunes 21 de junio de 2004

Cartas de lectores

Extremar precauciones

Señor Director:

"Quisiera referirme a los episodios que las crónicas registran sobre el empleo que, tanto particulares como agentes del orden, en ambos casos habilitados, hacen de armas de fuego con el lamentable saldo de víctimas mortales y victimarios enjuiciados.

"Mas allá de las consideraciones que en algunos casos pudieran hacerse acerca del ejercicio de la legítima defensa, su exceso, la emoción violenta y otros eximentes y atenuantes, y también acerca de la inoperancia del aparato estatal responsable de la seguridad pública, lo cierto es que muchos de los casos referidos dejan entrever severas falencias en los mecanismos arbitrados por el Estado para garantizar que quienes son habilitados para la portación de armas de fuego -tanto particulares como agentes públicos- posean las aptitudes y actitudes que tan delicada responsabilidad requiere, con vistas a evitar daños irreparables para las personas y la seguridad colectiva.

"En lo que hace a la habilitación de particulares para la portación, la disposición N° 187/02 del Registro Nacional de Armas preveía una significativa mejora en el procedimiento de control en ese sentido, pero lamentablemente fue abolida antes de su entrada en vigor."
http://www.lanacion.com.ar/04/06/21/do_611920.asp

ARTICULO EN LA NACION

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Lunes 20 de diciembre de 2004

ANTES DE DESARMAR, HAY QUE RESTABLECER LA SEGURIDAD

El declarado propósito del Gobierno de adoptar urgentes medidas orientadas a promover el desarme civil -sería quizá más apropiado hablar de canje o recolección de armas- es un suceso relevante que merece aprobación y apoyo de todos los que aspiramos a una sociedad pacífica y consagrada a su cabal desarrollo.

No obstante, y para obtener los mejores resultados, es vital afinar conceptos para no caer en imprecisiones que puedan dar paso a interpretaciones equivocadas que frustren la ilusión de quienes creemos que aún es posible convivir en una sociedad apacible.

Cada comunidad, además de caracterizarse por pautas culturales determinadas, vive circunstancias particulares como consecuencia de su evolución política, social y económica, que a su vez repercuten de modo directo y determinante en el grado de eficiencia de sus instituciones.

Frente a la necesidad expresada de atenuar la incidencia de las armas de fuego en la situación de seguridad pública resulta indispensable tener en cuenta su mayor o menor grado de deterioro y la capacidad evidenciada por las instituciones competentes.

Así, no resulta difícil advertir las diferencias que en materia de seguridad pública y capacidad de respuesta pueden establecerse, por ejemplo, entre naciones como Australia, Gran Bretaña, Brasil o la Argentina.

Que los dos primeros hayan logrado resultados con políticas de desarme compulsivo, pero parcial, motivado por episodios coyunturales, no necesariamente asegura que medidas semejantes -o aun más profundas, como algunos propician- arrojen iguales resultados aquí o en Brasil.

Tal error de apreciación podría profundizar la situación de inseguridad general, que no es provocada por las armas debidamente registradas en manos de civiles habilitados para tenerlas, sino por las armas ilegales que usan los delincuentes.

La certeza de que ninguna casa alberga armas podría alentar los delitos contra la propiedad, pues una escasa respuesta policial aseguraría máxima impunidad a los delincuentes.

* * *

La realidad de Brasil, por otra parte, es muy diferente de la de nuestro país, pues la Argentina posee un experimentado y satisfactorio régimen legal de control de armas de fuego, lo que pareciera estar siendo ignorado por las autoridades nacionales, que apuntarían a copiar medidas foráneas cuyo dictado está provocado, precisamente, por la carencia de un régimen de control satisfactorio y que no necesariamente contribuirán a mejorar la situación.

Asimismo, una medida de desarme civil generalizado y compulsivo, además de aniquilar la confianza ganada en el tiempo y de debilitar decisivamente el sistema de control construido inteligentemente en más de 30 años, podría dar lugar a un episodio de desobediencia civil impredecible.

Es que la falta de respuesta suficiente por parte de las autoridades en materia de seguridad, hace que para muchos -acertada o equivocadamente- la única opción aceptable sea la autodefensa, lo que en la disyuntiva hará que mucha gente opte por el "mal menor" y decida no desarmarse.

Ciertamente es una alternativa indeseable y riesgosa el que alguien sienta la necesidad de defenderse poseyendo armas. Pero, nos guste o no, esa realidad no puede ser ignorada y debe ser responsablemente evaluada.

Será entonces indispensable, para el éxito del proceso orientado a lograr la entrega voluntaria -no compulsiva- de esas armas poseídas con fines de defensa, el restablecimiento de condiciones de seguridad general aceptables que lleven a quienes se han armado a la convicción de que las armas de fuego ya no resultarán necesarias para aquel fin, y constituirán, entonces, una carga peligrosa de la cual resulta aconsejable y prudente desprenderse.

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/664731

EXPOSICION SENADO (2002)

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REPÚBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD INTERIOR
Salón Arturo Illia
24 de octubre de 2002

Presidencia de la señora senadora Seguí

— En la ciudad de Buenos Aires, Salón “Arturo Illia” del H. Senado de la Nación, a las 14 y 55 del jueves 24 de octubre de 2002, se reúne la Comisión de Seguridad Interior. Al iniciarse la versión taquigráfica, dice el:

Sr. Méndez de Leo. — ... Esto sería importante porque, como decía recién, el Registro Nacional de Armas desde siempre viene realizando campañas de regularización de las armas de fuego. Hay gente que se presenta sin ser legítimo usuario, pero teniendo armas. Esto es un trámite que nosotros denominamos reempadronamiento. Se les exige que cumplan con todas las exigencias de la legislación y, de esta manera, se regulariza la situación, siendo un arma más cuya existencia y tenedor pasan a ser datos conocidos por el Estado.
Toda la gente que cumple con esto nosotros la consideramos como depositarios confiables del material; y esto parte de la idea de que toda sociedad tiene una demanda de armas. La demanda, en principio, está dada por un sector del crimen que se nutre permanentemente de estas armas ilegales. Luego hay otro tipo de demanda que no genera riesgo para la seguridad común : son aquellas personas que practican deportes -la caza, el tiro deportivo, etcétera- y también quienes por razones de seguridad sienten más tranquilidad con la tenencia de un arma.
En realidad, de ninguna manera se alienta ni propicia este tipo de tenencia de armas pero, obviamente, dentro del marco de un sistema de control como el que está legislado, se considera que este es un acto legítimo y que el hecho de que se conozca quién es tenedor y qué armamento tiene elimina el riesgo para la seguridad común de esta tenencia. Sobre este parámetro funciona el sistema de control nuestro. A partir de esta idea es que nosotros tenemos que contar con algún mecanismo que nos permita avanzar permanentemente en el proceso de blanqueo de armamento.
Es interesante también señalar -y constituye un dato que debe ser muy tenido en cuenta- que el hecho de que la gente esté dispuesta a exteriorizar la posesión de armas de fuego requiere que el Estado le dé la seguridad y la tranquilidad de que después no se las va a ir a quitar. Esto yo lo viví personalmente cuando me tocó trabajar en la gestación de la ley 20.429 en los años ‘73/’74. Esta ley contenía una convocatoria prevista en el articulado para que la gente denunciara las armas que tenía.
Reitero lo que dije antes en el sentido de que el sistema establecido por la ley 13.945 había dado resultados muy magros; había muy poco conocimiento sobre cuáles eran las armas que existían y quiénes las tenían. Entonces, para que se pudiera trabajar con éxito en el desarrollo de este sistema, era muy importante que la gente concurriera a declarar sus armas.
Se venció el plazo que confirió la ley y realmente la convocatoria fue muy baja, lo que determinó que el decreto 4693, que fue el primero que se dictó y rigió menos de dos años, fuera reemplazado por el que está vigente actualmente, que abrió un nuevo plazo para que la gente denunciara sus armas; aunque esta vez ya sin la cobertura de la norma, porque el plazo que la ley había fijado se había vencido.
Poco a poco fue creciendo la cantidad de personas que se convencieron de que realmente la convocatoria no escondía ninguna trampa y de que el Estado iba a protegerlos si ellos cumplían con lo que se les exigía. A través de los años, esto ha permitido -en 2003 se cumplirán 30 años de la vigencia de este régimen- que se fuera ganando la confianza de la gente. Por eso a nosotros, cuando se lanzan proyectos que son muy bien intencionados, pero que no tienen en cuenta esto, nos preocupa que se pueda ver comprometida la confianza de la gente, porque ahí perderíamos un importante valor que hemos logrado adquirir.
Por eso, entonces, es que nosotros hemos propuesto -por lo menos a fin de que se introduzca en el proyecto de modificación al Código Penal- una cláusula que admita la posibilidad de borrar los efectos penales en todos los casos en que se exteriorice voluntaria y espontáneamente la tenencia de un arma de fuego. Luego el RENAR establece procedimientos que deben cumplirse para que quien ha dado este paso encuadre perfectamente dentro de los términos legales. La legislación chilena contiene una cláusula de estas características, con la diferencia de que Chile tiene un sistema mucho más restrictivo que el nuestro y de que ellos lo hacen a condición de que el arma sea entregada. Lo tiene Australia también, similar a lo que estamos proponiendo nosotros.
Creemos nosotros que esto sería muy útil.

Sra. Presidenta (Seguí).— Yo le hago algunas preguntas, doctor.
Por disposición del actual ministro de Justicia y Seguridad, doctor Juan José Álvarez, nosotros tenemos algunos datos que hablan de 2 millones de armas sin registrar en Capital y Gran Buenos Aires, y de 4 millones de armas sin registrar en la Argentina.

Sr. Méndez de Leo.— Este es un tema del que se ha hablado mucho y del que se sabe muy poco. Yo no conozco las fuentes que permiten arribar a estos números, pero lo que sí debo decir es que el RENAR manejaba desde hace dos o tres años valores significativamente más bajos: estamos hablando de entre 250 mil y 300 mil armas. Pero debo confesarles que, según lo que voy percibiendo, creo que el número es bastante mayor. No tengo ningún elemento como para rechazar o aceptar esos valores, pero hay una cantidad muy importante de armas sin registrar.
Creo que lo importante aquí es mantener las condiciones que faciliten al ciudadano regularizar su situación y, al mismo tiempo, también identificar sobre qué sector tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque básicamente podemos definir tres tipos de regímenes en materia de tratamiento de armas de fuego. Hay regímenes prohibitivos muy cerrados que contienen mínimas excepciones y que, justamente por la naturaleza del sistema de prohibición, no requieren el desarrollo de un sistema de control complejo. En el otro extremo tenemos sistemas muy permisivos o abiertos. El caso nuestro es el intermedio y el más difícil.
Pero, ¿qué pasa? Como yo dije antes, en toda sociedad hay una demanda constante de armas que son las que tienen como destino al crimen. En algunos casos, otro tipo de conflictos -de tipo político, social, étnico, etcétera- pueden incrementar la demanda de armas de fuego. Por más sistema de prohibición o de control que tengamos, las armas de uno u otro modo llegan a las manos de los delincuentes. Los traficantes de armas son muy audaces y muy decididos. Tienen muchos mecanismos. Se podrá controlar en alguna medida, pero de lo que se trata es de desarrollar un sistema que contribuya al trabajo que tienen que realizar las fuerzas policiales o de seguridad del mejor modo, para que tengan la mayor certeza en cuanto al origen de la tenencia de las armas.
Podemos identificar dentro de la sociedad dos grandes grupos: los que tienen las armas para delinquir y los demás. En una sociedad sin régimen de control esta distinción no es fácilmente apreciable para la autoridad que tiene que combatir el tráfico in situ de armas porque, al no poder distinguir a uno del otro, se maneja básicamente con la presunción de que el fin es delictivo.
En un sistema de control lo que nosotros hacemos es separar una cosa de la otra. Todo ciudadano que cumple va a poder acreditar mediante la documentación correspondiente que el Estado lo ha controlado y que la tenencia de un arma de fuego por parte de esa persona no compromete la seguridad. De hecho, este distingo facilita la tarea. Entonces, va a quedar una pequeña franja compuesta por aquellos que tienen las armas sin registrar; que no las tienen autorizadas, pero no lo hacen con fines delictivos. Lo cierto es que en la medida en que más desarrollemos el sistema de control más estrecharemos esta franja; y nosotros pensamos que esto, de alguna manera, contribuye a este trabajo.
Por otra parte, toda actividad nuestra de control nos permite manejar una cantidad de información que -debo decirlo también- no está siendo intercambiada en la medida y con la calidad que yo creo que debería serlo. Esto requeriría de un trabajo mucho más mancomunado con las fuerzas de seguridad. De hecho, esa información que proviene de toda nuestra actividad de control debería ser muy útil para poder identificar con más facilidad las vías por las cuales se mueve el armamento ilegal, que es el objetivo al que debemos apuntar con cualquier tipo de procedimiento que imaginemos. Básicamente, me refiero a la recolección y lo que también algunos llaman “el desarme”.

Sra. Presidenta. — En vista de que existe una tenencia irregular de armas significativa en el país, ¿cuál cree que sería el estimulo suficiente, a los fines de la regularización, que podríamos contener en una nueva legislación?

Sr. Méndez de Leo. — En primer lugar, debemos descartar, de cualquier procedimiento que imaginemos, a todas aquellas armas que están en poder de quienes las utilizan con fines delictivos. En nuestro caso, sería necesario realizar buenos estudios para tener la mayor certeza que fuera posible de establecer dónde y quiénes pueden tener estas armas.
En base al desarrollo del sistema de control creemos que la franja de aquellos que tienen estas armas sin registrar -que no las tienen con fines delictivos- es menor. Pero ha ido creciendo, probablemente, como consecuencia de la situación complicada que estamos viviendo. En este momento la gente se está armando. Por lo tanto, no es el mejor momento para pensar en un desarme o en una convocatoria de esta naturaleza. Esto es muy evidente.
Primero debemos trabajar para recrear condiciones de seguridad y tranquilidad de modo tal que aquel que no tenga un arma con un fin específico -deportivo, de caza, o por razones de seguridad muy concretas que no puede eludir- se quiera desprender de ella.
De todas maneras, nosotros lo estamos haciendo todos los días. Como les decía, mensualmente entran un promedio de mil armas en nuestro conocimiento. Es decir, hay gente que está declarándolas.

Sra. Presidenta.— La pregunta que le formulé era en orden de conocer su opinión sobre cuál sería, en este momento, un estímulo suficiente en la legislación nueva de manera de provocar una mayor regularización. Es decir, un estímulo que no esté en la legislación vigente. ¿Por qué la sociedad va a responder hoy intentando regularizar su situación? ¿Por qué vamos a pensar que va a responder si no generamos estímulos suficientes en la legislación? A su entender, ¿cuáles serían esos estímulos?

Sr. Méndez de Leo. — Desde el año pasado venimos registrando un crecimiento muy grande de la actividad. Esto ocurre por las nuevas adquisiciones que realizan legítimos usuarios viejos y nuevos que se van incorporando al sistema, así como también por las transferencias entre legítimos usuarios.
Esto responde a dos razones. La primera, es que el problema de la seguridad ha llegado a límites verdaderamente preocupantes. La segunda, es que los controles que se están realizando, evidentemente, determinan que la gente sienta temor de ser localizada con un arma ilegal o con una credencial vencida. Este es un estimulo importante. Vale decir, el control real : la policía en la calle parando automóviles. Esto hace que la gente lo piense, porque ahora el riesgo es mucho mayor. Por supuesto que esto tiene como correlato la penalización.
No creo que un aumento de penas cambie las cosas, pero el estímulo económico que sería la otra…

Sra. Presidenta. — Podríamos crear una nueva amnistía, por ejemplo.

Sr. Méndez de Leo. — Me parece que la cláusula que propongo sería el camino indicado; y no una nueva amnistía. De alguna manera es una amnistía, pero condicionada y permanente. Esto no debería tener plazo, porque nosotros debemos tener un mecanismo que apure a la gente pero no frente a un día de vencimiento sino frente a una situación determinada. ¿Cómo funciona esto?

Sra. Presidenta. — ¿Cómo funcionaría en torno a los delitos?

Sr. Méndez de Leo. — Si ustedes quieren les puedo leer el texto que tengo. Necesitaríamos un artículo que dijera más o menos lo siguiente:
“La exteriorización espontánea y voluntaria formalizada ante la autoridad competente de la simple tenencia de armas de fuego o de lanzamiento por parte de quien no se hallare legalmente habilitado para ello, constituirá circunstancia eximente de responsabilidad penal a condición de que no se hubiere incurrido en su portación o que la autoridad no hubiere iniciado previamente procedimiento alguno en su contra fundado en dicha tenencia. El Registro Nacional de Armas fijará el procedimiento a observar para la regularización del material y su tenedor.”.

Vale decir que lo que tiene que apremiar al poseedor de un arma ilegal no es un plazo sino la posibilidad de que le encuentren el arma antes que denuncie su tenencia. Si damos un plazo de amnistía nos vamos a encontrar con que alguien que es aprendido con un arma ilegal diga: “A mí no me toquen, porque hay una amnistía”. Es decir, vamos a dar piedra libre para el delito mientras dure la amnistía.
Esto es diferente; no es cualquier exteriorización; tiene que ser formalizada ante autoridad competente antes de que lo aprendan o lo encuentren. Y no tiene plazo. Esto nos da la posibilidad de seguir trabajando en el proceso de regularización de armas de fuego.
También puede ser muy interesante lo que se hizo en Mendoza, de estimular de alguna forma más intensa. Este sería el palo, la zanahoria podría ser otra. Este tema lo venía pensando hasta que la situación eclosionó en la forma que hoy conocemos. Era un sistema de trueque o canje, porque tampoco creemos que sea bueno dar dinero a cambio de las armas. Australia lo hizo y el costo fue muy elevado. Desde ya, consideramos que toda convocatoria debe ser voluntaria, no puede ser forzada u obligatoria. Sólo aquel que se quiere desprender de su arma lo puede hacer.
Personalmente, estoy convencido de que no es el momento, porque la corriente va en la dirección contraria. La gente hoy está demandando armas y esto nos ha creado problemas, porque es mucho más difícil ahora decir que no, cuando se ha cumplido con todo, cuando se acredita que hay un riesgo cierto e inminente. En este aspecto hemos tratado de flexibilizar, pero debemos ser más exigentes en los controles psicofísicos y de idoneidad. A partir del primero de enero -ya tenemos la firma del director- se va a tener que cumplir con exigencias mucho más profundas en este aspecto.
Volviendo a su pregunta, pienso que el estímulo debería ser un control muy efectivo. De modo tal que todo el que tenga un arma no declarada sepa que realmente está corriendo el riesgo de verse envuelto en un proceso penal.

Sra. Presidenta. — Lo que sucede es que es bastante difícil lograr por parte de las fuerzas de seguridad un control eficiente que cause temor…

Sr. Méndez de Leo. — Más que temor es efectividad. Además, no alcanza solamente con rescatar el arma. Es decir, agarrar al responsable del delito, meterlo adentro y sacarle el arma, porque cuando salga lo primero que va a hacer es ir a buscar otra. Por lo tanto, lo que vamos a lograr es que se eleve la cotización de las armas en el mercado. O sea, esto hay que acompañarlo con medidas de orden procesal. Y ya sabemos la complejidad que esto tiene, porque no hay cárceles donde alojarlo.
Si esto empieza a suceder, el que tiene un arma y no la usa para delinquir sabe que va a afrontar un costo muy alto si no cumple. El otro riesgo es que si apretamos mucho esas armas vayan a parar al mercado ilegal. Como no están registradas, la gente se desprende de ellas y van a parar a cualquier lado.

Sra. Presidenta.— No veo contradicción entre la posibilidad de incorporar esta disposición que usted nos acerca con la instrumentación de un plan de canje que tenga un estimulo de tipo contraprestación de dinero o de especie. Eso habrá que verlo, a pesar de la necesidad o de la tendencia que usted dice que hay a armarse por parte de la población, porque podría pensarse que esa población que se quiere armar con fines lícitos quizás para ejercer una legítima defensa o, incluso, alguna actividad deportiva y demás, está en condiciones de ir a adquirir regularmente un arma e inscribirla.
Me parece que no hay que pensar necesariamente que esa población va a recurrir a un arma sin registración o a un arma del mercado casi ilegal. Considero que esa población que toma una decisión de ese tipo se puede pensar que empieza un proceso de cero y que nosotros, mientras tanto, lo podemos hacer coincidir con un proceso de desarme optativo y facultativo estimulado de alguna manera por el Estado, como lo propone la senadora.

Sr. Méndez de Leo. — Coincido con usted.
Quizás me expresé mal, pero no digo que no convenga hacerlo; creo que siempre conviene hacer eso. Simplemente, creo que posiblemente no vamos a obtener el mejor éxito.

Sra. Presidenta. — Claro.

Sr. Méndez de Leo. —- Pero sí; esto, desde ya, es útil. Probablemente las expectativas sean mucho mejores si sucediera como en Mendoza, donde primero se trabajó con la policía. Creo que esto también sucedió en Río de Janeiro, donde hicieron un trabajo excelente en las favelas, pero en el que antes de iniciar el proceso de recolección de armas se crearon condiciones de tranquilidad y seguridad.
Pienso que siempre hay que tener esa actitud de procurar incentivar o inducir a la gente a que abandone esas armas que, de pronto, uno puede considerar que no tienen ninguna utilidad.

Sra. Presidenta. — Muchas gracias, doctor.

Nos acompaña esta tarde el señor Gabriel Conte, quien se desempeña subsecretario de Relaciones con la Comunidad de la provincia de Mendoza. Esperamos que nos cuente la experiencia que han tenido en este punto.

Sr. Conte. — Muchas gracias y buenas tardes.
En primer lugar, como bien dijo Méndez de Leo, quiero enmarcar el canje de armas como fenómeno o como hecho puntual en una política integral que fue la reforma del sistema de seguridad pública de Mendoza que se dio en 1998, con la implementación de las nuevas leyes de seguridad que incorporaron la participación de la comunidad en la prevención del delito, que es el área que está a mi cargo. A partir de allí, en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia se implementaron políticas de participación activa en la prevención. De hecho, dentro de la prevención vimos el problema de las armas como un asunto a futuro siendo que el futuro es hoy -realmente no estábamos equivocados-; con delicuentes o personas que antes no eran delincuentes, sobre todo menores que han cambiado los códigos. Por lo tanto, el uso de armas para matar es algo de lo más común.
Hablo de un diagnóstico que no teníamos porque son muy escasos los estudios sobre armas en la Argentina, lamentablemente. Los organismos académicos se han dedicado a otros temas, pero no a este. De hecho, pudimos determinar que desde la seguridad teníamos una visión de las armas solamente mirando al delincuente. Sin embargo, las muertes producidas por armas tenían relación con la sociedad toda y no sólo con el delincuente. Podemos decir esto teniendo en cuenta la cantidad de accidentes, la proporción -que tenemos en estudio- de armas en poder de la delincuencia que provenían de usuarios legítimos o de particulares con armas en sus casas y que les fueron quitadas por la delincuencia, que es otro de los canales del mercado negro de armas.
A partir de allí, dentro de lo que fue la reforma policial de la provincia de Mendoza con un trabajo, como vuelvo a mencionar, de estimulación de cosas a cambio de la sensación de seguridad que da el arma, propusimos el plan canje. El plan canje era la etapa visible, la etapa social y la etapa sociocultural de promoción de la no tenencia de armas. Se promovió a nivel general de la provincia, junto con otras leyes que tenían que ver, por ejemplo, con la prohibición de la venta libre de municiones -que hasta el momento era libre-, los controles de frontera en la provincia; la apertura de líneas gratuitas 0800 para que la gente denunciara la venta, alquiler, portación o tenencia ilegal de armas, etcétera. Eso permitió hacer un trabajo de investigación por parte de la policía muy importante, en donde teníamos “el palo y la zanahoria”; es decir, por un lado, la gente que voluntariamente se desprendía de un arma y, por el otro, la aplicación de la ley con rigor a través de operativos de allanamiento y ese tipo de cosas que normalmente hace la policía, pero que no habían dado resultado. El ejemplo que medimos fue el del año anterior al plan canje: la policía en 1999, a lo largo de todo el año, en 11.000 operativos y en 3.000 allanamientos sólo recolectó 500 armas. El plan canje de armas recolectó 500 armas en dos días y 2.560 -o algo así- en un total de 45 días, que fueron las dos etapas que tuvo.
Es cierto que las armas no provienen de la delincuencia en general -o no lo sabemos-, pero sí podrían haber caído en circulación de la delincuencia. Así, indudablemente se evitaron todos los riesgos que implica tener un arma en la casa cuando no se es un deportista o una persona entrenada para ello.
Dentro de la gente que entregó sus armas había personas de todos los niveles sociales y de todas las ciudades. Había gente que las tenía legítimamente, por lo cual se les hizo el trámite de baja correspondiente, pero también había gente que nunca lo había denunciado. Se usó la figura de donación, que está presente la legislación. Fue una donación con cargo. Es decir, coincidimos con que no habría que dar dinero a cambio de esto -en otros país ha sido una mala experiencia- y lo integramos a los programas sociales de gobierno, que en nuestra área tiene como función específica integrar las políticas de todo el gobierno en base a la prevención del delito. Lo que dábamos a cambio eran ticket canjeables en comercios de barrio por alimentos. Es decir, hay gente que entregó sus armas simplemente para tener algo que comer y otra que la donó sin requerir el ticket.
Lo importante en esto fue la integración de distintas políticas que tenían que ver con la relación de la policía en la comunidad en el marco del ofrecimiento de medidas alternativas a las armas para brindar seguridad como los centros de mediación, el sistema de policía comunitaria, la organización de vecinos por manzana, etcétera, todo esto promovido por el ministerio con una fuerte campaña. Por otro lado, cabe mencionar lo sociocultural a través de escuelas y medios de comunicación, que tenía que ver con el peligro que significaba confundir un arma con un juguete, por ejemplo. Ese fue uno de los ejemplos utilizados en la campaña mediática, que dio origen también a una campaña de recolección de juguetes bélicos como anticipo al canje de armas y como elemento de promoción en las escuelas para que los chicos llevaran la discusión al seno del hogar. ¿Por qué? Porque tener un arma es estar dispuesto a matar. Si uno no es deportista y piensa que con eso se va a defender, obviamente tiene que estar dispuesto a matar. Debe saber matar. Debe saber reaccionar ante el delincuente. Por lo tanto, esta cantidad de inconvenientes es mucho más compleja que buscar otra forma de dar seguridad.
La desconfianza en la policía o en el sistema de seguridad también era algo importante -lo sigue siendo en la Argentina- para que la gente compre armas. Si se compra armas es porque no se tiene seguridad y se piensa que le da seguridad. Sin embargo, tener un arma no da seguridad porque en la mayoría de los casos terminan siendo las víctimas, o hiriendo a un familiar o a personas que no tienen nada que ver. Esto es científico: está científicamente comprobado.
Precisamente en lo único en lo que difiero con el doctor Méndez de Leo -en lo demás, creo que hemos trabajado de consuno- es en el hecho de que, en el momento en que se arma la gente, hay que generar estas campañas de promoción del desarme, porque no es la solución. Además, la tenencia masiva de armas estimula que pasen al mercado negro porque hay mayor cantidad de armas en la sociedad. Esto, por otra parte, genera más muertes. Más allá de que las armas estén legalizadas o no, constituye un instrumento que genera muerte o heridas muy graves. Por lo tanto, sería importante la promoción del desarme.
Nosotros seguimos evaluando el plan canje, porque estamos a muy poco tiempo de haberlo realizado. Como pensamos que deben ser políticas de largo plazo en noviembre vamos a lanzar un nuevo plan de desarme como los que habitualmente hace el RENAR, pero con una fuerte promoción provincial.
El Instituto de Seguridad y Desarrollo de Monterrey en California, que monitoreó nuestro sistema, calcula que un 10 por ciento de las armas ilegales circulantes terminó siendo entregado al plan canje de armas. Son estudios en los que uno puede confiar o no, porque al no estar registradas o ser ilegales no tenemos forma de medirlo. De todos modos, es una opinión importante de un organismo reconocido a nivel internacional.
Junto con esto avanzamos también con la exigencia a nivel provincial de exámenes psicofísicos para las personas que solicitan ser usuarios de armas y en la exigencia de antecedentes penales. En algunos casos solamente se exige el antecedente provincial o el federal, pero nuestra postura es que hay que pedir los dos. Y en esto se está trabajando junto con el RENAR.
Las consecuencias del plan canje de armas, no sólo en la cultura de la gente sino a nivel concreto, tuvieron que ver con la seguridad y la unificación de los depósitos de armas oficiales tanto del Poder Judicial como de la policía. Nosotros unificamos los depósitos y les brindamos medidas de seguridad. Y para ello conseguimos financiamiento internacional. Además, informatizamos los arsenales y monitoreamos el armamento en poder de las agencias de seguridad privada, que también tienen sus propios arsenales.
Por otra parte, se promovieron auditorias y gracias a ellas nos dimos cuenta de faltantes de armas. En el caso de nuestra policía no se había hecho nunca la auditoría del arsenal. Los sistemas de registro eran rudimentarios, muchos se habían perdido y faltaban 500 armas. Por consiguiente, hicimos las denuncias correspondientes.
Al Poder Judicial le pasó lo mismo. Es decir, nuestra sospecha de que muchas veces les proveemos armas a los delincuentes fue corroborada. Por falencias propias gran parte de las armas de los depósitos oficiales pasan a poder de la delincuencia o integran el mercado negro. Esto algo que debe ser investigado.
Ahora contamos con depósitos adecuados y de vanguardia en función de la ayuda que conseguimos de las Naciones Unidas y de la OEA como consecuencia del plan de desarme. Por eso digo que nosotros lo enmarcamos en un aspecto general y no solamente como un evento de recolección o de canje de armas por algún bien. Esto lo hacemos dentro de una política de Estado en materia de seguridad en donde también participaron partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Y en donde tuvieron mucho que ver las políticas sociales. En síntesis, estos fueron los motivos y las consecuencias del plan canje de armas en Mendoza.
En una encuesta que hicimos anterior al plan canje el 74 por ciento de la gente señalaba que no confiaba en un arma como elemento de defensa frente a un delincuente. Posteriormente a la realización del plan se incrementó en un 10 por ciento la cantidad de gente que desconfiaba de las armas. No disminuyó la venta de armas a las personas que estaban capacitadas para tenerlas, pero sí desalentó o generó de alguna manera mayor interés y preocupación. Y le dio información a la gente sobre lo que significa tener un arma en la vivienda, fundamentalmente, a través de mostrar la gran cantidad de suicidios y accidentes que ocurrían en la misma a pesar de la falta información a nivel salud sobre este tipo de accidentes. También debemos avanzar sobre estos aspectos, porque nos dimos cuenta que no solamente el problema de las armas era delictivo y de seguridad sino también de salud. Al estar en posesión de gente que no las sabe manejar, matan.
Para nosotros fue una experiencia importante de vinculación de la policía con la comunidad así como con otros organismos no gubernamentales. Por ejemplo, con la universidad que fue la encargada de trabajar tanto en la destrucción como en la construcción de un monumento a la paz.
En esto también tiene que ver la formación de la policía -que se incluyó en la reforma- a través de un instituto universitario de seguridad pública, aumentando los requisitos que se les pedían a los aspirantes a policías y debatiendo estos temas dentro de la misma fuerza. Desde nuestro punto de vista -y aún siendo muy temprano para evaluarlo- los resultados son positivos.
Provocamos una discusión política y un debate social. Llevamos la discusión a la casa, al barrio y a la escuela. El tema de las armas es un problema, no es una solución. Por lo tanto, se dan las condiciones propicias para seguir trabajando a lo largo del tiempo. Pero lo importante de esto es que hay un compromiso por parte de los distintos partidos políticos de la provincia de continuar -gane quien gane en el futuro- estas políticas de seguridad.
Cuando hablamos con la gente de las 11 ó 12 provincias que se han interesado en nuestro programa lo primero que le planteamos es el contexto. Este no es solamente un evento que se realiza una vez al año para generar una presunta solución a un problema sino que debe ser acompañado -como bien lo mencionó Méndez de Leo- de políticas integrales que tengan que ver con el tema.
También planteamos la necesidad de incorporar en la legislación a las armas caseras. Si bien no son hoy un problema, no figuran en la legislación claramente. Estas armas se fabrican con caños y con elementos que están a disposición en cualquier casa. Hoy no son el problema central, porque en el mercado negro las armas no son caras. Pero en los niveles marginales, cuando ni siquiera se tiene lo poco que sale un arma convencional, las armas caseras han pasado a formar una alternativa.
En síntesis, esto es lo que ha sido el plan de Mendoza.

Sra. Presidenta.— Usted hizo referencia al financiamiento de las Naciones Unidas. Tiene idea si aún está vigente para aplicarlo a nivel nacional.

Sr. Conte.— Nosotros le hemos pedido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarme, el Desarrollo y la Paz que interese a la Nación con aportes concretos -lo nuestro no fue un financiamiento sino un subsidio- para que se pueda realizar este tipo de programas. El programa de canje concreto de las armas por los vales lo financió la provincia y tuvo un costo total de 300 mil pesos entre publicidad y ticket.
Los 11.000 operativos policiales y los 3.000 allanamientos que solamente dieron por resultado 500 armas recuperadas y no más de 20 personas detenidas tuvieron un costo para el Estado de más de dos millones de pesos. Por lo tanto, el programa ha dado un saldo favorable, inclusive, a nivel económico.
Lo que aportó el Centro Regional de las Naciones Unidas para el Desarme, el Desarrollo y la Paz fueron -como consecuencia de haber hecho la tarea necesaria para desarmar a la sociedad y promover este tipo de cosas- los sistemas de seguridad en los distintos niveles para los depósitos judiciales y para el arsenal de la policía.
Por otra parte, ellos otorgaron los fondos necesarios para la destrucción de las armas, que también era un costo importante. En la primera oportunidad fue gratuito, pero con la cantidad de armas que estamos destruyendo ahora -el 21 y 22 de noviembre vamos a destruir 10 mil armas- era más importante. Por lo tanto, el costo lo asumió Las Naciones Unidas, la OEA, algunos organismos con los que ellos están vinculados y algunos países. Por ejemplo, Canadá el Reino Unido y algún otro país.

Sra. Presidenta. — Le pido al doctor Conte y al señor subsecretario que colaboren con nosotros en los próximos días, complementándonos, para obtener una legislación que no sólo contemple el canje sino que también prevea la posibilidad, ya sea por ley o decreto y acciones de la Secretaría de Seguridad Interior, de un plan de desarme o canje con estas características.
No me quedó claro cuántos grupos de delitos debería prever la modificación de la legislación penal.

Sr. Méndez de Leo. — En principio, la mera tenencia de armas de fuego. Acá tengo lo que podría ser un esbozo de cómo debería quedar el Código Penal. No sé si quiere que lo lea.

Sra. Presidenta. — Puede señalar las ideas y dejarnos ese trabajo. Es más, respecto a la legislación penal deberíamos comprometer a la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios para que hagamos conjuntamente el dictamen referido al canje con el de modificación del Código Penal. Yo también soy miembro de esa comisión. De manera que podríamos comprometer su colaboración con el senador Agúndez.

Sr. Méndez de Leo. — Cómo no. Con todo gusto.
La tenencia, la portación y luego la entrega de armas a quien no sea legítimo usuario, a un menor de edad, son conceptos que están volcados en la legislación. La fabricación y el acopio; la obligación del marcado; la penalización por la supresión de marcas o la duplicación de numeración de las armas. Esta serían las ideas básicas.
Otra idea que apuntaría a resolver lo que planteaba el doctor Conte respecto a la definición de lo que es un arma de fuego, el acopio, la portación.
En nuestra doctrina eso está bien establecido, pero a veces nos encontramos con que en distintos tribunales elaboran criterios que se salen del concepto correcto. Seguramente hay quienes prefieren no introducir definiciones, pero sería útil hacerlo porque aclararía mucho.

Sra. Presidenta. — Si los señores senadores están de acuerdo, propondría una reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios para dentro de quince días. En ese podremos estudiar con los asesores de esa comisión el proyecto de ley en revisión, incorporándole modificaciones al Código Penal, y el proyecto planteado por la senadora Conti. Podríamos incorporarlo a la parte programática que nos está sugiriendo el doctor Conte.
¿Usted está en condiciones de colaborarnos?

Sr. Conte. — Sí.

Sra. Presidenta. — Le voy a proponer al presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios que celebremos una reunión conjunta. Ínterin sugiero que trabajemos con los proyectos.

Sra. Conti. — Hoy en día todo delito de tenencia y portación de armas igualmente es de competencia de la Justicia Federal, además de aquellos relacionados con el riesgo de la seguridad nacional. Varios mandatarios provinciales, como los de la provincia de Buenos Aires y Mendoza, y algunos senadores nacionales, entre los que me encuentro, pensamos que llegó el momento de pasar a la justicia ordinaria este tipo de delitos.
Les pido a los invitados que opinen si tiene incidencia o no que sean jueces federales los que entiendan en el tema y no los jueces ordinarios de cada provincia.

Sr. Méndez de Leo. — No es mi especialidad el derecho penal, pero entiendo que en este momento este delito es competencia de la justicia ordinaria. Sí hubo problemas con la contravención que se introdujo en la ley 25.086 con la creación del artículo 42 bis de la ley 20.429 respecto de la tenencia de armas de uso civil. Directamente prevé la penalidad de multa o arresto hasta 90 días -vale decir, es una contravención- pero asignándose la competencia a la Justicia Federal. Esto trajo una serie de conflictos en todo el país. Los jueces se han declarado incompetentes. Generalmente esto termina siendo resuelto en el Registro Nacional de Armas.
Ese es el único caso en que hubo de conflicto. Pero es competencia de la justicia ordinaria, y creo que así debe ser.

— Se produce un diálogo fuera de micrófono.

Sra. Presidenta. — Quedan invitados para trabajar con nuestros asesores, de manera que en quince días podamos tener una reunión conjunta. Veremos si la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios está en condiciones de producir despacho antes de que termine el período.
Muchas gracias.

— Son las 15 y 47.